Guayaquil es la única ciudad del Ecuador que cuenta con una ordenanza específica para regular la instalación de implementos de seguridad, como rejas peatonales y vehiculares. La normativa, que establece requisitos técnicos y de participación ciudadana, ya ha permitido que 65 barrios cuenten con 159 estructuras aprobadas por el Municipio.
“No es lo mismo pagar USD 23,50 entre vecinos, que perder más de 300 dólares por un retrovisor robado”, indicó Pedro Pombar, morador de Samanes 1, uno de los sectores que se acogió exitosamente a esta regulación. Su testimonio refleja la apuesta de muchos guayaquileños por una protección ordenada y legal.
Desde la entrada en vigencia de la ordenanza, se han presentado 938 solicitudes. Sin embargo, 650 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos: falta del número mínimo de firmas de respaldo o diseños que bloquean el acceso a servicios de emergencia, como ambulancias o bomberos. Otras 223 solicitudes siguen en proceso de verificación.
Los ciudadanos tienen hasta el 31 de julio para regularizar las rejas instaladas sin autorización previa. El trámite incluye el pago de una tasa municipal, que varía según el tipo de reja: 5 % del Salario Básico Unificado (SBU) para rejas peatonales, 7,5 % para aquellas en aceras menores a 1,5 metros, y 10 % para aceras más amplias.
Andrea Andrade, moradora de La Pradera III, respalda esta medida tras haber sido víctima de un asalto. “Salía de mi casa y vino un chico, me apuntó con un arma y me robó. Lastimosamente, Ecuador atraviesa un problema grave de delincuencia, y con esto (las rejas) nos ayuda un poco”, mencionó.
La norma establece que tanto las nuevas instalaciones como las regularizaciones deben renovarse cada año. La seguridad ciudadana se construye con normas claras y participación vecinal.
